El Gobierno de España regula el uso de la IA al aprobar el primer Proyecto de Ley Nacional, enfocado específicamente en controlar el uso de esta tecnología dentro del país. La normativa adapta la Ley Europea de IA al marco legal español e introduce nuevas obligaciones de transparencia, restricciones a ciertos usos y sanciones económicas de gran alcance.
Quien no etiquete el uso de la IA recibirá multas de 35 millones de euros
Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es la obligación de etiquetar los contenidos creados con inteligencia artificial. Esto significa que imágenes, videos, audios o textos generados mediante IA deberán identificarse claramente para que los usuarios sepan cuándo están interactuando con contenido artificial y no humano.
Aunque esta exigencia comenzará a aplicarse en Europa a partir de agosto 2026, en España la supervisión quedará en manos de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA). Sin embargo, las sanciones por incumplimiento no podrán ejecutarse hasta que la ley sea aprobada definitivamente.
La normativa también contempla multas de hasta 35 millones de euros para empresas u organizaciones que violen las reglas establecidas. No obstante, el régimen sancionador todavía enfrenta incertidumbre política, ya que el texto debe pasar por el Congreso y el Gobierno español aún no tiene garantizados los votos necesarios para su aprobación.
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El Proyecto de Ley prohíbe uso de la IA considerado peligroso
Además de las obligaciones de transparencia, el proyecto prohíbe diez usos considerados especialmente sensibles o peligrosos. Entre ellos destacan los sistemas de reconocimiento facial en espacios públicos y las herramientas de detección de emociones utilizadas en entornos laborales.
Los sistemas de IA catalogados como “de alto riesgo” también estarán sujetos a controles más estrictos. Plataformas utilizadas para selección de personal, admisión educativa o gestión de infraestructuras críticas deberán incorporar supervisión humana obligatoria para evitar decisiones completamente automatizadas.
La propuesta refleja la intención de España de adelantarse a los riesgos asociados con la expansión acelerada de la inteligencia artificial en sectores públicos y privados. Si finalmente la ley supera el proceso legislativo, los ciudadanos podrían tener más claridad sobre cuándo consumen contenido generado por IA y contar con mayores garantías en decisiones que afectan áreas sensibles como empleo, educación y servicios públicos.
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