La caída de la SUNACRIP marcó el final del experimento más ambicioso —y polémico— del gobierno venezolano en materia financiera: el Petro. Lo que comenzó como una supuesta alternativa para evadir sanciones internacionales y construir una “soberanía digital” terminó convertido en una trama multimillonaria de corrupción, lavado de dinero y opacidad financiera conocida como PDVSA-Cripto.
Entre 2020 y 2023, la estructura creada alrededor de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas permitió que miles de millones de dólares provenientes de las exportaciones petroleras venezolanas fueran desviados mediante criptomonedas y redes financieras paralelas.
El resultado fue devastador: pérdidas estimadas entre 16.600 y 21.190 millones de dólares, el colapso institucional del sector cripto estatal y el entierro definitivo del Petro en 2024.
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El Petro y la SUNACRIP
La creación del Petro en 2018 respondió directamente al endurecimiento de las sanciones de la OFAC contra PDVSA.
Sin acceso normal al sistema financiero internacional y a la red SWIFT, el gobierno de Nicolás Maduro apostó por una criptomoneda estatal supuestamente respaldada por petróleo, oro y otros minerales venezolanos.
Para administrar este ecosistema se fortaleció la SUNACRIP, organismo que centralizó el control de la minería digital, las plataformas de intercambio y la tesorería de criptoactivos del Estado.
Bajo el liderazgo de Joselit Ramírez y con el respaldo político de Tareck El Aissami, la institución acumuló un poder extraordinario y prácticamente sin supervisión.
Sin embargo, el Petro nació con problemas estructurales imposibles de ocultar. Nunca funcionó como una criptomoneda descentralizada real, dependía completamente del Ejecutivo y carecía de confianza internacional.
Aunque el gobierno intentó imponerlo mediante la Plataforma Patria y vinculando salarios y bonos a su cotización, el token terminó desapareciendo oficialmente a inicios de 2024.
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¿Cómo operaba PDVSA-Cripto?
La trama PDVSA-Cripto funcionó como un sistema alternativo de comercialización petrolera basado en criptomonedas. Ante las restricciones financieras internacionales, la petrolera estatal comenzó a vender cargamentos de crudo mediante intermediarios y empresas sin experiencia petrolera.
El petróleo venezolano era comercializado en mercados asiáticos usando buques con sistemas de rastreo apagados. Posteriormente, los pagos eran convertidos en bitcoin y stablecoins como USDT y USDC, depositándose directamente en billeteras digitales controladas por la SUNACRIP.
El problema central fue la ausencia total de controles. El Banco Central de Venezuela y la Contraloría quedaban fuera del circuito financiero, permitiendo que los recursos fueran manejados discrecionalmente por operadores políticos y militares.
La magnitud del desfalco quedó evidenciada en una auditoría interna realizada tras la intervención de la SUNACRIP.
Según las cifras revisadas, PDVSA facturó 25.270 millones de dólares entre 2020 y marzo de 2023, pero apenas 1.080 millones ingresaron realmente al Estado venezolano.
En pocas palabras, aproximadamente el 95,73% de los recursos generados por las exportaciones petroleras desapareció dentro de la estructura PDVSA-Cripto.
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¿Dónde está ese dinero?
Esa sigue siendo una de las preguntas más difíciles de responder. Parte importante de los fondos habría permanecido en billeteras privadas de criptomonedas controladas por operadores de la red y socios financieros internacionales.
Debido a la naturaleza descentralizada de blockchain y al uso de múltiples intermediarios, rastrear el destino final del dinero se convirtió en una tarea extremadamente compleja.
Las investigaciones también apuntaron hacia mecanismos tradicionales de legitimación de capitales.
Reportes periodísticos señalaron vínculos con entidades financieras privadas, empresas de maletín y redes internacionales que movían dinero mediante bancos en República Dominica, Panamá y custodios financieros estadounidenses.
Otra parte del capital terminó invertida en bienes raíces, restaurantes de lujo y complejos comerciales en Caracas. Varias propiedades fueron incautadas posteriormente por la Policía Nacional Anticorrupción.
¿Qué podía hacer Venezuela con esos miles de millones de dólares?
La pérdida atribuida a la trama PDVSA-Cripto supera el presupuesto anual de importaciones venezolanas de 2022.
Con ese dinero Venezuela habría podido financiar simultáneamente programas alimentarios, recuperar el sistema eléctrico nacional y modernizar la infraestructura de agua potable.
Incluso tomando la cifra más baja del desfalco —16.600 millones de dólares— todavía habría sobrado dinero para programas sociales adicionales.
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El impacto humano también fue enorme. Según estimaciones comparativas, los recursos perdidos habrían permitido financiar durante más de dos décadas programas regionales de asistencia para migrantes venezolanos en América Latina.
Según análisis técnicos de Ecoanalítica y Transparencia Venezuela, con el dinero evaporado se hubiesen podido financiar en simultáneo los proyectos de infraestructura más urgentes de la nación:
- Inversión Agroalimentaria: $8.816.000.000 para subsidios de emergencia y reactivación agrícola.
- Sistema Eléctrico Nacional (SEN): $5.099.000.000 para modernizar el Guri y terminar con los apagones nacionales.
- Infraestructura de Agua: $1.184.000.000 para el saneamiento y distribución constante de agua potable.
Incluso tras cubrir estas tres necesidades básicas, el Estado habría tenido un excedente de $1.501 millones de dólares.
Si lo comparamos con el Plan de Respuesta Regional para Refugiados y Migrantes (RMRP) de la ONU de 2026 (fijado en $763 millones de dólares anuales), el desfalco de la SUNACRIP habría financiado la asistencia humanitaria de 1,2 millones de migrantes venezolanos en el extranjero por 22 a 27 años continuos.
Dónde están los implicados
El caso derivó en uno de los procesos judiciales más grandes de la historia reciente venezolana. Más de 64 personas fueron procesadas.
Tareck El Aissami, exministro de Petróleo y considerado uno de los hombres más poderosos del chavismo, fue detenido y actualmente enfrenta juicio por legitimación de capitales y traición a la patria. Durante el proceso denunció torturas, aislamiento extremo y coerción judicial.
Joselit Ramírez, exjefe de la SUNACRIP, permanece detenido y es señalado como uno de los principales operadores técnicos del esquema de desvío de fondos.
Otros implicados incluyen al coronel Antonio Pérez Suárez, exdirectivos de PDVSA, empresarios privados y accionistas vinculados al sector bancario.
Paradójicamente, algunos de los primeros funcionarios que denunciaron irregularidades dentro de PDVSA terminaron encarcelados antes de que la trama explotara públicamente. Posteriormente fueron liberados cuando las investigaciones confirmaron que sus denuncias eran reales.
Por el sector bancario, los hermanos De Grazia (Bancamiga) fueron encarcelados, aunque Levin De Grazia se dio a la fuga tras recibir arresto domiciliario. Asimismo, se registró el deceso bajo custodia del operador informático Juan Almeida Morgado en 2023.
¿Y qué pasó con la SUNACRIP?
Para 2026, la SUNACRIP existe más como una estructura intervenida que como una institución funcional.
Tras múltiples prórrogas de intervención, el organismo se encuentra prácticamente desmantelado y muchas de sus competencias están siendo transferidas al Banco Central de Venezuela y a la Sudeban.
La desaparición práctica de la SUNACRIP también coincidió con el cierre definitivo del Petro y la paralización de licencias para exchanges y empresas del sector.
En paralelo, el gobierno venezolano prohibió la minería digital en 2024 alegando riesgos para el sistema eléctrico nacional. La medida destruyó gran parte de la industria minera legal del país y obligó a muchos operadores a migrar o trabajar en la clandestinidad.
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Las criptomonedas en auge en Venezuela
El colapso de la SUNACRIP simboliza el fracaso del proyecto del Petro y expone cómo las criptomonedas fueron utilizadas dentro de una estructura estatal opaca para mover y ocultar recursos públicos.
La trama PDVSA-Cripto no solo dejó pérdidas multimillonarias; también profundizó la crisis institucional venezolana y debilitó aún más la confianza en las políticas económicas del Estado.
Mientras el Petro desapareció oficialmente, el uso de criptomonedas sigue creciendo en Venezuela.
La diferencia es que ahora el ecosistema funciona principalmente alrededor de stablecoins privadas y mercados descentralizados, en un entorno donde la regulación continúa siendo incierta y altamente politizada.
Preguntas frecuentes
Era el ente del gobierno encargado de regular y controlar las criptomonedas en Venezuela. Dejó de funcionar tras descubrirse que sus directivos usaban la institución para desviar el dinero de la venta de petróleo a billeteras digitales privadas, desapareciendo miles de millones de dólares.
Los principales responsables, como el exministro Tareck El Aissami y el exsuperintendente Joselit Ramírez, están tras las rejas y enfrentan juicios en Caracas por delitos de corrupción y traición a la patria.
Un esquema de corrupción donde se desviaron miles de millones de dólares de ventas petroleras usando criptomonedas.
Las estimaciones hablan de entre 16.600 y 21.190 millones de dólares.
Casi nada. Las auditorías demuestran que más del 95% del dinero facturado se evaporó en cuentas secretas fuera del país, bienes de lujo incautados y billeteras electrónicas cuyas contraseñas siguen ocultas.
Usar criptomonedas estables como el USDT para ahorrar o pagar es totalmente común y permitido de hecho. Sin embargo, la minería digital (conectar computadoras para producir criptos) está estrictamente prohibida por el gobierno debido a la crisis de la luz.
Entre los principales acusados están Tareck El Aissami, Joselit Ramírez y varios exdirectivos de PDVSA.
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