Un fallo federal en Brooklyn ordenó al Condado de Suffolk pagar 112 millones de dólares como compensación para inmigrantes detenidos ilegalmente entre 2013 y 2017. La decisión surge de una demanda colectiva impulsada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que acusó al condado y a su oficina del sheriff de violar derechos constitucionales al retener migrantes sin una orden judicial válida.

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La demanda colectiva y sus implicaciones legales

El caso Orellana Castañeda et al. v. Suffolk County reveló que la Policía del Condado de Suffolk practicaba detenciones ilegales de inmigrantes ya listos para ser liberados, únicamente para entregarlos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ACLU sostuvo que estas acciones violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra detenciones sin causa probable.

Cada inmigrante afectado recibirá un pago promedio de 166.000 dólares, una cifra que marca uno de los mayores acuerdos por violación de derechos civiles en el estado.

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Impacto y nuevas políticas para las agencias locales

El acuerdo obliga al Condado de Suffolk a cesar de inmediato estas prácticas, reforzando la normativa que impide a las autoridades locales detener personas basadas únicamente en solicitudes de ICE. Este cambio busca establecer un precedente nacional sobre el respeto a los derechos de los inmigrantes y la responsabilidad institucional en el cumplimiento de la ley.

La ACLU celebró el fallo como una victoria histórica para los derechos humanos y la defensa del debido proceso, un tema crucial en la relación entre justicia local y políticas migratorias federales.

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Una victoria para la justicia y los derechos civiles

El fallo de Brooklyn no solo garantiza una compensación para inmigrantes, sino que reafirma el principio constitucional de igualdad ante la ley. Este caso servirá como referencia para futuras demandas y reformas en materia migratoria en Estados Unidos.

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