La ONG Bitcoin Argentina solicitó modificaciones al proyecto de reforma de la ley de lavado de activos que se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación, considerando que podría tener “un efecto negativo sobre actividades libres, lícitas e inofensivas realizadas por muchísimas personas dentro de un sector pujante de la economía de la industria cripto”.
La ONG remarcó que aunque los cambios actuales en el proyecto de ley buscan prevenir las actividades ilícitas mediante el uso de criptoactivos, no contemplan las “consecuencias negativas” que podrían ocasionar dentro de la economía argentina.
“[A pesar de que las modificaciones] acompañan el impulso de las medidas necesarias para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, los ajustes actuales en la reforma no contemplan las consecuencias negativas dentro de las particularidades que tiene la economía argentina”.
La ONG solicitó realizar dos modificaciones precisas
Desde la ONG Bitcoin Argentina reclamaron dos modificaciones sobre el proyecto de reforma que buscan adaptar la normativa nacional a los estándares internacionales para la prevención de lavado de activos dictados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
- En primer lugar, solicitó excluir a las personas que utilizan la modalidad de intercambio de criptomonedas P2P de forma individual, de la obligación de informar sus actividades a la Unidad de Información Financiera (UIF).
“[Solicitamos] excluir del universo de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) a las personas que realizan la actividad de intercambio de criptoactivos de forma individual o en la modalidad P2P (persona a persona), con liquidación en entidades financieras u otras entidades controladas por la UIF y obligadas a informar”.
“En nuestro país (Argentina) se ha desarrollado una gran comunidad de individuos y microempresas que realizan servicios de intercambio de criptoactivos por dinero fiduciario y viceversa, o por otros criptoactivos, mediante operaciones denominadas P2P, o persona a persona”, explicaron desde la ONG Bitcoin Argentina a través de un comunicado.
“Quienes realizan estas operaciones pueden hacerlo como consumidores finales o como un servicio minorista, con márgenes entre los precios de compra y de venta. Son muy pequeños emprendedores, estudiantes, trabajadores o desempleados que realizan esta actividad como forma de obtener un ingreso complementario. Dada la definición de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que propone hoy la ley, las personas que ejecutan estas operaciones serán consideradas sujetos obligados a informar frente a la UIF, con exigencias reglamentarias que están totalmente fuera de sus posibilidades”, señaló la ONG.
- En segundo lugar, solicitaron “que el registro de PSAV, recomendado desde el GAFI, sea llevado por la UIF y no por cualquier otro órgano regulatorio”.
“Las empresas que actualmente operan en el país en las distintas actividades que definen a un PSAV tienen muy diverso volumen y complejidad, lo cual hace muy difícil y peligroso establecer criterios generales habilitantes. Por eso, recomendamos que este registro no sea utilizado para exigir determinados estándares operativos o patrimoniales habilitantes, sino que se acote exclusivamente a que la UIF pueda supervisar en forma eficaz el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios de prevención del lavado de activos”, concluyó la ONG.
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