El gobierno venezolano exoneró del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF) a las operaciones que se realicen con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas. Pero ¿qué implicaciones tiene?
De acuerdo con el artículo 5 de la Gaceta Oficial 42.575, que entró en vigencia el 26 de febrero, “no están sujetas al pago del impuesto” los operaciones en divisas extranjeras o en criptomonedas realizadas por personas naturales o jurídicas, ni las remesas enviadas desde el exterior a través de instituciones autorizadas para el efecto.
En entrevista con Morocotacoin el abogado y CEO de CriptoJuris Venezuela, Ernesto Portillo, afirmó que este beneficio “podría catalogarse como positivo para promover la adopción de las criptomonedas” en el país.
“Recordemos que Venezuela cuenta con una política de Estado para la adopción masiva de los criptoactivos. Esto se ve reflejado en las más de 60 normas que rigen el uso de las criptomonedas” en la nación, señaló.
Esto también puede comprobarse con el informe de Chainalysis sobre la criptoadopción, el cual reveló que en 2022 las transacciones con criptomonedas en el país alcanzaron un aproximado de 36 mil millones de dólares, añadió Portillo.
Más allá de este incentivo promovido por el reciente decreto presidencial, “Venezuela ha venido adoptando las criptomoendas como medio de pago para la compra de bienes y servicios en los comercios”, resaltó.
¿Quiénes se benefician de este decreto?
La nueva normativa va dirigida a las personas naturales, jurídicas y entidades económicas sin personalidad jurídica que no están calificados como “sujetos pasivos especiales”.
El sujeto pasivo especial es una categoría de contribuyente, sustentada en la providencia administrativa sobre sujetos pasivos especiales de la autoridad tributaria de Venezuela (Seniat), Nro. 685 del 6 de noviembre de 2006.
Estos reúnen ciertos requisitos. Las personas naturales catalogadas como “sujetos pasivos especiales” son aquellas que superen 7.500 Unidades Tributarias (UT) de ingresos brutos anuales ($15.526,69), o en su defecto que en los últimos seis meses se muestre en su declaración del IVA un importe de ventas o prestación de servicios superior a las 625 UT ($1.293,89).
Por su parte, las personas jurídicas catalogadas como “sujetos pasivos especiales”, son aquellas que cuentan con ingresos brutos equivalentes a 30.000 UT de ingresos brutos anuales ($62.106,77), conforme se muestre en la declaración anual de rentas (ISLR); o que en los últimos seis meses se muestre en su declaración del IVA un importe de ventas o prestación de servicios superior a 2.500 UT ($5.175,56).
“Además de los requisitos antes señalados debe existir un acto administrativo emitido por administración tributaria, donde se le informe a la persona natural o jurídica que es catalogada como “sujeto pasivo especial”. También deben ser notificados formalmente, mencionó Portillo.
De acuerdo con el CEO de Criptojuris, en el decreto de exoneración al IGTF se manejan dos grandes grupos de exoneraciones.
La primera tiene que ver con los débitos que generen la compra, venta y transferencia de la custodia en títulos valores emitidos o avalados por la República o el Banco Central de Venezuela (BCV).
“Es decir, si cualquier persona realiza pagos para la compra o venta de títulos valores debidamente autorizados por el Estado venezolano, esto pagos están exonerados del IGTF. Estos pagos podrán hacerse en bolívares, divisas o criptoactivos”, explicó.
El segundo grupo de exonerados son los débitos o retiros de la liquidación del capital o intereses de los mismos y los títulos negociados a través de las bolsas de valores y bolsa agrícola.
Esto significa que “si una persona desea tomar ganancias, liquidar el capital, tomar intereses, sobre títulos de valores debidamente autorizados por el Estado, lo podrá hacer y estarán exonerados del pago de IGTF”.
Sin embargo, para gozar del beneficio tributario de exoneración, las personas deben cumplir ciertos requisitos, como identificar la operación, los títulos valores negociados, el intermediario de la operación y el monto, bien sea en bolívares, divisas o criptomonedas.
Además, debe “presentar los documentos que avalen la transacción emitidos por la bolsa de valores respectiva”, concluyó el abogado.
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